La mayor parte de la gente en España, y buena parte del mundo, gusta de esperar que el gobierno, el Estado, o quien mande, solucione por ellos los problemas –especialmente los económicos– que se presentan a lo largo de su existencia. Así pues, las crisis económicas se cargan gobiernos, culpando cada persona al gobernante de turno de su desgracia personal.

Una sociedad que espera que llueva del cielo (o del gobierno) una solución milagrosa a sus problemas y reacciona instintivamente exigiendo más intervención en una crisis causada precisamente por el exceso de intervención estatal en todos los ámbitos de la vida económica, no puede esperar un futuro excesivamente próspero a muy largo plazo. Lo más a lo que puede aspirar esta sociedad tan quejica es a una nueva burbuja bancaria que nos haga vivir en las nubes otros 15 años, y permita a los políticos despilfarrar unos cuantos miles de millones más en sus caprichos.

En una sociedad que aspire verdaderamente a ser libre y próspera, cada individuo se querría hacer responsable de su propia suerte, no culpando a nadie de su falta de acierto al invertir, de su pereza a la hora de acudir al trabajo o de formarse, o de su falta de talento.
Los ciudadanos deberían preocuparse por atar corto al gobierno, y no permitir que les arrebaten de su renta más que lo imprescindible para el mantenimiento de los servicios básicos. Y desde luego, indignarse ante subsidios y subvenciones de todo tipo. Lo contrario, es un robo. Quitar un céntimo más de lo imprescindible a lo que una persona gana con su esfuerzo, es robar.

Sin la enorme tara del Estado sobre nuestros ciudadanos, y nuestras empresas, la prosperidad estaría garantizada a medio y largo plazo. Ejemplos suficientes hay de ello. El intervencionismo y la queja, el victimismo, van unidos. Y son un lastre para toda nación.