Al hilo de lo que escribí la semana pasada: muchos se sorprenderán cuando digo que en España no hay capitalismo. Entonces lo justifiqué en el hecho de que nada menos de la mitad del PIB corresponde al sector público. Hoy digo lo siguiente: que si entendemos por capitalismo aquel mercado libre en el que los precios se fijan mediante la ley de la oferta y la demanda, es decir, el libre acuerdo entre personas, cada vez está más claro que en España no tenemos exactamente un sistema capitalista.

Emprender en España suele ser un suplicio. Te encuentras barreras desleales e injustas en todas partes. Limitaciones a la publicidad. Limitaciones económicas: tienes que pagar al Estado, al Colegio Profesional en su caso, por servicios que no recibirás hasta que no lleves años. La cuestión es: ¿Cómo vas a esperar años para poder recibir los beneficios de tu trabajo si en el primer año te ahogan?

En nuestro país hay un déficit de libertad económica. Cualquiera que haya fundado una sociedad mercantil lo sabe. Y las sociedades no las fundan sólo los ricos; las fundan también dos hermanos, electricistas, que quieren dedicarse a realizar montajes. O tres amigos, mecánicos, que quieren poner un taller de coches. ¿Quién va a emprender en un país cuando el que lo hace se enfrenta a una maraña sin salida de trámites burocráticos y de exceso de legislación que hace la seguridad jurídica inexistente?

El problema es que quienes piden derechos se olvidan de lo que significa la libertad económica. La libertad económica no es más que el derecho a crear del individuo. El derecho a progresar que tiene cada ciudadano con su esfuerzo y su trabajo. El derecho a fijar de acuerdo con el cliente, el precio de sus servicios; que son producto de su esfuerzo y de su tiempo. Y la teoría dominante en estos momentos no concede ningún valor a ese esfuerzo. Por lo tanto, no es de extrañar que llevemos siete años sumidos en la crisis y no veamos aún luz en el horizonte.