PRIMERA PARTE: LA DEMOCRACIA
Dos principios han regido desde que Maquiavelo escribió El Príncipe, y han tenido una mayor presencia desde la Ilustración, que condujo a las revoluciones democráticas.
Uno de ellos, seguido mayoritariamente por marxistas, socialistas, nacionalistas, estatistas y demócratas rousseaunianos, propugna que los individuos, los ciudadanos, no saben controlar sus vidas, no conocen la forma de llevar a cabo su existencia para su mayor felicidad y bienestar, de tal manera, que la clase dirigente (legitimada por las urnas, o por un alzamiento revolucionario), que si sabe lo que conviene a la colectividad, entendida esta como un único sujeto, ha de tomar por ella todas las decisiones relevantes para sus vidas, a fin de proceder con acierto y evitar el mal de los pobres individuos, ignorantes de lo que les conviene.
El otro, más individualista, seguido mayoritariamente y casi en exclusiva por liberales y libertarios (aunque haya contado con cierta aceptación por parte de socialdemócratas), establece que la clase dirigente no ha de inmiscuirse en las decisiones que individualmente toman los ciudadanos, más que cuando un ciudadano lesiona, o de alguna manera se inmiscuye en el terreno de los derechos de otro ciudadano. Sólo se acepta, en esta teoría, en su estado puro, la intervención estatal en aquellas funciones que por su entidad, no pueden ser llevadas a cabo individualmente y de manera privada por los ciudadanos. En esta corriente filosófica se entiende que cada individuo conoce cuál es lo mejor para sí mismo, y qué tipo de vida decide llevar, sin más límite que el derecho ajeno.
Después de esta breve exposición de las dos tendencias presentes en la historia de la política y el gobierno, he de hacer mención al punto que pueden tener en común ambas posturas para que el estado influido por una u otra, pueda considerarse una democracia (además de un sistema de control de potestades: véase división de poderes): la legitimación mediante el voto de la mayoría. En este punto, llegamos a quiz de la cuestión: ¿Puede la mayoría imponer a un ciudadano algo que atente contra su libertad personal, cuando éste no se inmiscuye en los derechos de otras personas? (Ejemplo: obligatoriedad del uso de casco cuando montamos en bicicleta o en ciclomotor). En mi opinión, no debería. Como no debería tampoco, por mucho que así lo piense la mayoría, ser tipificada como delito ninguna conducta cuya realización consumada no constituya la producción de un resultado o agravio a un tercero.
Si nos ponemos en una perspectiva histórica la cuestión se complica más todavía. He estado reflexionando sobre ello en los últimos días. ¿Está legitimada una asamblea parlamentaria para aprobar y promulgar una ley, expresión de la voluntad general, aún contra la opinión de la mayoría de los ciudadanos? ¿Habría aprobado el Congreso de los Estados Unidos la decimotercera enmienda, que prohibía la esclavitud, si los representantes y senadores hubieran seguido el criterio de votar por aquello que la mayoría de sus electores opinaban? ¿Se habría abolido en España, en época de Cánovas? ¿Los electores varones que votaban a los miembros de los parlamentos occidentales a principios del siglo XX estaban de acuerdo, en su mayoría, con extender el derecho al voto a las mujeres? O, por citar un ejemplo más cercano: ¿Se habría aprobado en España la ley que reforma el Código Civil permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo? Muchos de estos progresos, habrían tenido un camino mucho más difícil, de haberse vivido en un régimen de democracia directa. Probablemente he aquí la justificación de la democracia representativa.La respuesta, una vez más, y probablemente, nos venga del viejo Aristóteles y su nunca olvidado término medio, en el que se encuentra la virtud: una ley no puede regular aspectos individuales, pero tampoco excluir de derechos a una serie de individuos, por mucho que así lo deseen la mayoría de ciudadanos.
SEGUNDA PARTE: CATALUÑA
En este sentido, yo me pregunto, si es verdad lo que dice la Generalidad de Cataluña, que la mayoría de los ciudadanos de esa región desean constituirse en un estado independiente del resto de España, aun cuando en el referéndum constitucional de 1978 la mayoría del pueblo catalán voto a favor de que el sujeto titular de la soberanía sobre todo el territorio nacional fuera el conjunto de los ciudadanos españoles, ¿Debe eso significar que los parlamentarios deban recoger este sentir?. Y por complicar más el asunto ¿Es legítima una consulta en tal sentido, teniendo en cuenta que durante las tres décadas de gobierno del régimen nacionalista en Cataluña no se ha dejado de insistir a la ciudadanía de aquella Comunidad Autónoma, desde la escuela, desde los periódicos con editoriales únicos, desde la televisión pública y desde todos los ámbitos, sin el menor complejo ni atisbo de crítica, que la causa de todos los males de la sociedad catalana proviene del resto de España?
Hago esta reflexión a propósito de todos aquellos que dicen que la mayoría puede decidir cualquier cosa en cualquier momento, sin ningún límite ni reflexión.